Transparencia alimentaria

Los ingresos por la inspección de mataderos: ¿70 millones de euros? ¿Dónde están? El negocio de la carne – primera parte

En el año 2021 se sacrificaron en España 60 millones de cerdos, 5 millones de cabezas de ganado bovino, 700 millones de pollos… Si se cobraran todas las tasas por la inspección veterinaria se ingresarían más de 70 millones de euros en las arcas públicas de la sanidad.

La legislación obliga a las comunidades autónomas a cobrar estas tasas.

La realidad nos muestra que más de la mitad de este importe no se cobra.

Canales de ternera en cámara frigorífica
 

¿Cómo se financia la inspección veterinaria?

 

¿Quién controla el bienestar de los animales que llegan a los mataderos?

 

 

¿Quién realiza la inspección de la carne?

¿Cómo se financia la inspección veterinaria? ¿Quién controla el bienestar de los animales que llegan a los mataderos? ¿Quién realiza la inspección de la carne?

En España la inspección veterinaria la establece la Unión Europea y es la misma para los 27 países. Esta legislación impone unos controles sanitarios y también obliga a su financiación por parte de los operadores económicos.

Tenemos el Reglamento (UE) 625/2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos (Reglamento sobre controles oficiales). Es una normativa que exige a los Estados a cumplir con unos controles para garantizar la seguridad alimentaria y a la vez, obliga a que estos controles se financien a través de tasas por las inspecciones.

La legislación europea pretende evitar que los costes de esta inspección sean aportados por los gobiernos. Es decir, que las finanzas públicas, los ciudadanos, no soporten estos costes. Por ello, establece unas tasas que han de pagar los operadores económicos de la industria de la carne, fundamentalmente mataderos y salas de despiece, habitualmente gestionados por grupos empresariales privados.

La normativa no ha cambiado desde el año 2004. Después de 20 años, ¿Se están aplicando estas tasas? ¿Se están cobrando? Si preguntamos, observaremos en las respuestas de las comunidades, que en España no se están ingresando las tasas por la inspección sanitaria en los mataderos de manera adecuada.

¿Por qué motivo los costes de la inspección veterinaria no se trasladan a los operadores económicos?

¿Por qué se financian estos controles con los presupuestos de la sanidad pública?

Los costes de la inspección veterinaria no se trasladan a los operadores económicos, como obliga la normativa comunitaria. Se utiliza un dinero que se podría destinar a otros gastos de la sanidad pública.

En España son los gobiernos autonómicos los que han de ingresar las tasas por la inspección veterinaria. Cada comunidad autónoma tiene la competencia de legislar sobre sus tasas y precios públicos a través de sus parlamentos. Pero no pueden incumplir la normativa comunitaria, y se incumple.

La legislación es muy clara des del año 2004, cuando se publicó el Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos (Reglamento sobre controles oficiales). Este reglamento indicaba la manera de calcular los costes de inspección, y si no se calculaban, establecía unos importes mínimos a cobrar mediante tasa.

En España, la única comunidad autónoma que ha realizado un estudio de los costes de la inspección veterinaria es Catalunya. El resto de comunidades autónomas se acoge a los importes mínimos que contempla el Reglamento europeo.

La Unión Europea, establecía en el 2004 una flexibilidad para determinadas empresas, si cumplían estos requisitos:

Pesando una canal de cerdo con una romana
  • el tipo de empresa de que se trate y los factores de riesgo pertinentes
  • los intereses de las empresas con escasa capacidad
  • los métodos tradicionales de producción, transformación y distribución
  • las necesidades de las empresas situadas en regiones con limitaciones geográficas especiales.

Posteriormente, el año 2017 se publicó el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos (Reglamento sobre controles oficiales).

Este, ya no tan nuevo reglamento, mantiene las mismas obligaciones en relación con los costes y las tasas correspondientes. Y, incluso, años después, sigue manteniendo los importes de las cuotas mínimas y conceptos que han de tener en cuenta las tasas.

En la siguiente tabla comparativa entre la legislación del 2004 i la del 2017, se muestran los requisitos que han de tener los establecimientos para que puedan disminuir el importe de las tasas.

                             2004                                  2017
b) los intereses de las empresas con escasa capacidada) los intereses de los operadores con un volumen de negocios reducido
c) los métodos tradicionales de producción, transformación y distribuciónb) los métodos tradicionales de producción, transformación y distribución
d) las necesidades de las empresas situadas en regiones con limitaciones geográficas especialesc) las necesidades de los operadores situados en regiones con condicionantes geográficos específicos
a) el tipo de empresa de que se trate y los factores de riesgo pertinentesd) el historial de los operadores en cuanto al cumplimiento de las normas sobre seguridad alimentaria y bienestar animal.

Vemos que ahora se añade el historial de los operadores económicos en el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y bienestar animal.

¿Cumplen las comunidades autónomas con su obligación de recaudar estas tasas de inspección?

Observando las leyes de tasas y precios públicos de las 17 comunidades autónomas, destaca el Parlamento del País Vasco. Es el único parlamento autonómico que en la Ley de 2023 se cumple íntegramente con la normativa europea.

Por otro lado, tenemos el Gobierno de les Islas Baleares. Este gobierno autonómico que, teniendo una ley de tasas que establece las cuotas que han de abonar los operadores económicos, no cobra tasas. No se cobran estas tasas en la Islas Baleares, incumpliendo su propia Ley, la Ley 2/1997, de 3 de junio, de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Esta Ley, aprobada por el Parlamento balear, fija los importes a cobrar, pero su gobierno no cobra estas tasas.

El reglamento de control oficial

El Reglamento que establece los controles de seguridad alimentaria que han de realizar todos los países que componen la Unión Europea, para garantizar la seguridad alimentaria de todos los consumidores, también pretende abordar como se han de financiar los costes del control oficial.

La mayoría de los gobiernos autonómicos cumplen con las obligaciones del control oficial pero no cumplen con las obligaciones de financiar los costes de dicho control.

Parece que las autoridades autonómicas encargadas del control oficial están muy interesadas con realizar de manera exquisita su función de garantizar la seguridad alimentaria, pero como si el tema económico, de financiación del control alimentario, no fuera con ellos.

Todo esto pasa y sigue pasando, incluso teniendo aprobado el Documento de orientación sobre tasas a los controles oficiales aprobado en Comisión Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) el 17 de diciembre de 2021.

Así que los representantes autonómicos de seguridad alimentaria se han puesto de acuerdo en cumplir unos requisitos mínimos. Pero estos requisitos no se están cumpliendo.

¿Los letrados de los diferentes parlamentos autonómicos cuando elaboran o modifican las leyes sobre tasas, desconocen la normativa europea y los acuerdos que han llegado en la Comisión Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) las autoridades sanitarias?

En este documento que establece unos requisitos mínimos se reafirman los requisitos que establece el Reglamento, pero también marca un porcentaje máximo de deducción que es del 80%

¿Cuáles son las comunidades que permiten un porcentaje de deducciones superior a lo consensuado por todos los gobiernos de España?

Galicia y la Rioja, con un porcentaje de reducción que llega al 95% y Aragón y la Comunidad Valenciana con un porcentaje de reducción del 90% superan los criterios que acordaron ellos mismos.

Tabla de reducciones máximas

CCAADeducción máxima
GALICIA95,00%
LA RIOJA95,00%
ARAGÓN90,00%
C. VALENCIANA90,00%

 

Canales de cordero
CCAADeducción máxima
CASTILLA Y LEÓN80,00%
NAVARRA80,00%
R. DE MURCIA80,00%
ANDALUCÍA75,00%
CANARIAS75,00%
EXTREMADURA75,00%
CASTILLA LA MANCHA70,00%

 

CCAADeducción máxima
MADRID70,00%
P. ASTURIAS70,00%
CATALUÑA66,00%
PAÍS VASCO50,00%
BALEARES30,00%
CANTABRIA30,00%

 

Estas son algunas de las conclusiones del estudio de las tasas de inspección, de momento… Continuará en la segunda parte.

Los datos publicados son los vigentes en las diferentes leyes autonómicas sobre tasas y precios públicos en fecha 1 de abril de 2023. Otros datos se han recogido a partir de solicitudes de acceso de información pública.