Transparencia alimentaria

“Hoy empieza todo” es una película francesa de 1999 que describe los interiores de la escuela pública. Esta película muestra la grandeza de los servidores públicos, los maestros, en una realidad complicada.

El blog que hoy empiezo también pretende mostrar los interiores, la cocina, del control alimentario. El trabajo que realizan los inspectores de sanidad, que actúan garantizando la seguridad alimentaria y la protección de la salud de las personas consumidoras.

Periódicamente se producen en España episodios de alertas alimentarias que producen muchas personas afectadas y también alguna muerte. Nos preocupamos por consumir alimentos saludables, pero también deberíamos estar interesados en consumir alimentos seguros.

Intoxicación por el aceite de colza, más de 20.000 intoxicados en el año 1981. Salmonelosis por consumir pollo asado, cerca de 3.000 afectados en el año 2005. Intoxicación por Listeria en carne mechada y otros productos cárnicos en el 2019, con más de 200 personas enfermas, 4 muertos y 6 abortos.

Cuando aparecen estas crisis alimentarias se produce una falta de confianza de los consumidores en la seguridad alimentaria y en los controles a que está sometida la industria alimentaria. Pero lo cierto es que tenemos un gran nivel en el control alimentario. Pero este nivel se ha de conocer, para así, incrementar la confianza.

¿Quién verifica que los controles que se realizan son correctos?

La legislación europea prevé que desde la Comisión Europea se realicen auditorias en los Estados miembros para verificar el cumplimiento de los sistemas de control oficial. Y el consumidor también puede participar.

La legislación de transparencia nos convierte a todos los consumidores en auditores del control oficial. Todos podemos verificar si las autoridades sanitarias ejercen sus competencias en seguridad alimentaria de manera correcta.

En el año 2014, en el congreso de celebración del 20 aniversario de la Asociación de Veterinarios y Higienistas de Cataluña (AVHIC), Javier Domínguez, director veterinario y jefe de la Unidad de Estrategia de Enfermedades transmitidas por alimentos de la Food Standards Agency del Reino Unido nos explicaba el nivel de transparencia al que estaban obligados los servicios de control alimentario en el Reino Unido. Allí consideraban que toda la información generada en las actuaciones de las administraciones era pública y cualquier persona podía solicitar tener acceso.

Nos sorprendía que hasta los correos electrónicos enviados entre los Servicios de inspección podían ser solicitados por cualquier ciudadano. Era difícil de creer, pero en nuestro país se acababa de aprobar una Ley de Transparencia que nos acercaba al resto de países de Europa.

En un país salpicado por casos de corrupción y oscurantismo, de repente, teníamos el derecho a saber cómo se tomaban las decisiones públicas, a dónde se destina el dinero público y si las administraciones actuaban de manera correcta o arbitrariamente favoreciendo a los “amigos”.

El año 2016 es clave en el derecho de acceso a la información pública en el control alimentario. Se publicaba la Resolución 119/2016 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP) que daba la razón a una periodista que pidió, recién estrenada nuestra Ley sobre Transparencia, en el año 2015, a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), toda la información relativa a los resultados e incumplimientos de higiene de las últimas inspecciones y controles sanitarios realizados en los restaurantes de la ciudad de Barcelona.

¿Cómo…? La ASPB consideraba que esa información no tenía relevancia ni interés público y que podía afectar a los intereses económicos de los restaurantes con deficiencias en higiene.

La GAIP dictaminó que:

“es cuestionable que merezcan protección intereses económicos y comerciales que se fundamentan en el incumplimiento de prescripciones determinadas por el ordenamiento jurídico y que este mismo hecho favorece los que las obtienen positivas, ya que incrementan la confianza de los consumidores hacia ellos”

y obligó a facilitar esta información. La información la publicó la periodista Neus Vidal en el diario “el País” el 19 de noviembre de 2016. Lo cierto es que, tras la publicación, no se produjo ninguna alarma social.

A partir de esta resolución favorable al acceso a la información pública de las actas de inspección de los establecimientos alimentarios, el consumidor tiene más fácil el ejercicio del derecho a saber.

Todos somos consumidores y todos pagamos con nuestros impuestos a los organismos de control. Tenemos derecho a saber cómo actúan estos organismos, como toman sus decisiones. Como ciudadanos, la política, entendida como todo aquello que ocurre y nos afecta fuera de nuestro domicilio, y el ejercicio de la democracia nos permite la participación en los asuntos públicos.

Deberíamos participar más en los asuntos públicos y no sólo cada 4 años votando en unas elecciones. Todos podemos incrementar el nivel de seguridad alimentaria, ya que el hecho que las actas e informes de las inspecciones sean públicos, estimulan el aumento del nivel de calidad de estos documentos que redactan los inspectores de los servicios de salud pública.