Transparencia alimentaria

Intoxicación alimentaria al consumir tortilla de patata en un restaurante. Alerta alimentaria por listeria en un producto cárnico. Local con condiciones sanitarias deficientes que hay que volver a inspeccionar. Estos son algunos de los motivos en que hay que realizar una inspección de sanidad y cobrar los gastos. La Ley obliga a cobrar tasas por las inspecciones de sanidad adicionales y así recuperar los costes que han ocasionado estos establecimientos. ¿Se cobran estas inspecciones? ¿Quien las paga? Cuáles son las comunidades autónomas que no las cobran? No siempre se cobran estos controles adicionales.

Empezamos el 2024 y hay cosas que no cambian. Hace 20 años que las autoridades sanitarias deberían cobrar los gastos de las inspecciones de sanidad motivadas por incumplimientos de la normativa que necesitan una nueva inspección. Los años pasan y este sistema de financiación no se aplica. ¿Quién paga las inspecciones de sanidad? En la mayoría de las comunidades las pagamos todos los ciudadanos, de nuestros impuestos, cuando deberían ser pagadas por las empresas que provocan estos controles adicionales.

La Ley obliga a cobrar tasas por las inspecciones de sanidad

¿Cuántos años más han de pasar para que todas las autoridades sanitarias cobren las tasas por controles adicionales a las que obliga la legislación de control oficial alimentario?

En España, sólo están cumpliendo con esta obligación 7 comunidades: Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja y el Principado de Asturias.

Las restantes 10 comunidades: Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y las 2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla no están repercutiendo estos costes en los locales y industrias alimentarias que incumplen la normativa.

Las propias autoridades de inspección alimentaria son las que incumplen su propia legislación. La legislación alimentaria europea, España incluida, no solo obliga a realizar inspecciones, también obliga a cobrarlas en algunos casos.

Estamos hablando de millones de euros que no se recaudan. El Reglamento (UE) 625/2017 de control oficial exige que los gastos que originen los operadores económicos que incumplen la normativa sean repercutidos a los operadores económicos y no sean asumidos por el conjunto de la población.

Después veremos en los informes anuales de los programas de inspección que no se cumple toda la programación inspectora por falta de recursos, y en cambio, estas administraciones sanitarias no están recaudando aquello que deberían.

El Reglamento (UE) 625/2017 de control oficial

En el Reglamento (UE) 625/2017 del control oficial se describen las obligaciones de las autoridades competentes como supervisoras y verificadoras que los establecimientos estén cumpliendo con sus requisitos de higiene. Pero este Reglamento también habla de financiación:

 para reducir la dependencia del sistema de control oficial de las finanzas públicas, las autoridades competentes deben percibir tasas para recuperar los costes en que incurran en relación con los controles oficiales que no se habían previsto originalmente, y que hayan resultado necesarios a raíz de la detección de un caso de incumplimiento por un operador durante un control oficial y se hayan realizado para evaluar el alcance y el impacto del caso de incumplimiento o para comprobar que se ha subsanado el incumplimiento.

Esta obligación no es nueva, ya venía del anterior reglamento del año 2004, el Reglamento (CE) 882/2004, sobre controles oficiales:

Cuando la detección de un incumplimiento dé lugar a controles oficiales que excedan de las actividades normales de control efectuadas por las autoridades competentes, éstas imputarán los gastos derivados de los controles oficiales adicionales a los explotadores responsables del incumplimiento

 El papel de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Todo esto pasa y sigue pasando, incluso teniendo en vigor el “Documento de orientación sobre tasas a los controles oficiales” aprobado en la Comisión Institucional de la AESAN el 17 de diciembre de 2021.

Este documento, en su introducción establece que:

La gestión uniforme en todo el territorio nacional de la aplicación de las tasas evitaría distorsiones sobre los costes aplicados a los operadores de empresa alimentaria en los diferentes territorios y por tanto en la competencia de los distintos productos. 

En nuestro país, la aprobación de tasas tiene reserva de ley y cualquier tipo impositivo en formato de tasas en cualquier comunidad autónoma es valorado por la consejería competente en materia de hacienda, y el gobierno de dicha comunidad lo propone al parlamento autonómico para que, en su caso, se apruebe mediante norma con rango de ley.

 Uno de los objetivos del documento es:

Proponer un marco armonizado en materia de las tasas aplicadas a los controles y otras actividades oficiales realizados por las autoridades competentes de las comunidades para garantizar el cumplimiento de las exigencias establecidas por el Reglamento de control oficial de una forma coordinada.

 A la vista de los hechos expuestos, no se está logrando dicho objetivo.

 ¿Qué tipo de actuaciones de control se deberían estar cobrando?

 Todas aquellas que no estan previstas y sean necesarias, por ejemplo, para comprobar si se han cumplido las medidas correctoras propuestas, o las motivadas por establecimientos que han provocado una alerta sanitaria o una intoxicación.

Pero hay una premisa que tampoco se cumple. Las autoridades sanitarias, para poder cobrar estos gastos extraordinarios, han de conocer previamente cuantas inspecciones no previstas han tenido que realizarse por estos motivos. He de decir, que en la mayoría de las comunidades no se dispone de esta información previa.

¿Cuál es el importe de esta tasa?

 La normativa es clara. Las autoridades han de calcular los costes para poder aprobar el importe de la tasa. Cataluña es la única comunidad autónoma que ha realizado un estudio de costes.

¿Dónde se paga más? En Cataluña es donde el importe es mayor, 157,80 euros, seguida de Andalucía con 124,25 euros.

Después viene Asturias con 95,89 euros, Canarias con 89,73 euros y Extremadura con 42,29 euros por cada hora de inspección. En la Rioja, el importe varía dependiendo del número de trabajadores del establecimiento, desde 15,87 euros, sin ningún trabajador a 54,41 euros si tienen más de 100 trabajadores. 

Los datos expuestos han sido recogidos a partir de solicitudes de acceso de información pública (Legislación sobre Transparencia).

Y para acabar, a la vista que las autoridades sanitarias de las comunidades i ciudades autónomas, aunque aprueben un documento que es muy claro, después no lo aplican, lanzo al aire unas preguntas:

 ¿Cuál ha de ser el papel de la AESAN en uniformizar los costes de estas inspecciones que han de pagar las empresas de nuestro país? ¿Por qué no se están cobrando estas tasas? ¿Quién tiene la potestad coercitiva para obligar a las comunidades autónomas para ingresar por los conceptos en que están obligadas?

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