Practicando el derecho de acceso a la información pública vemos respuestas de silencio y opacidad de las autoridades sanitarias. Nos encontramos con autoridades sanitarias que priorizan los intereses económicos de los propietarios de los establecimientos alimentarios a la transparencia de las actividades de protección de la salud, junto con otros argumentos.

La legislación sobre transparencia en los controles oficiales de seguridad alimentaria, permite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y de este modo, saber cómo se realizan los controles sanitarios, la manera en que las administraciones sanitarias utilizan los recursos públicos. En definitiva, conocer la manera en que se dedica el dinero público, de todos los consumidores, en la protección de la salud.

¿QUE ENCONTRAMOS EN LA INFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES?

La transparencia nos muestra cómo se adecuan las inspecciones a lo que dispone el Reglamento (UE) 2017/625, sobre controles oficiales. Así sabemos cuáles son los servicios de inspección que actúan de una manera más diligente, y cuáles necesitan mejorar.

Por ejemplo, cuando una autoridad sanitaria, como la Junta de Castilla – La Mancha, responde: “No ha sido preciso levantar acta de inspección en las 10 inspecciones realizadas” está mostrando que la actuación en la inspección se separa de lo que establece el citado Reglamento, ya que esta normativa obliga a que “siempre” quede documentada y registrada la finalidad del control, los métodos utilizados y el resultado del control.

También, el derecho de acceso a la información pública nos muestra, que, con cierta frecuencia, los establecimientos no están registrados, y por ello, no se someten a ningún control.

Y vemos también, autoridades sanitarias de ayuntamientos con competencias en el control sanitario de los establecimientos minoristas que no ejercen ningún control sobre los establecimientos de los que son competentes en garantizar la seguridad alimentaria, como el ayuntamiento de la ciudad de Lleida,  que responde a una solicitud de acceso así:

En estos años no consta ninguna acta de inspección.

Como no consta ninguna inspección no se ha podido evaluar el riesgo de este establecimiento.

Tampoco consta la inscripción de este establecimiento en el Registro municipal

 Pero, de igual modo, llegamos a conocer las administraciones que actúan de manera modélica, como la Diputación de Barcelona, que tiene un servicio de cooperación a los municipios de la provincia de Barcelona, en seguridad alimentaria, con un resultado excelente.

 ¿QUIÉN RESPONDE CON EL SILENCIO A PETICIONES DE TRANSPARENCIA?

Hay administraciones que muestran poco respeto a la transparencia y no responden a las solicitudes de acceso a esta información pública. Se sirven del silencio administrativo como respuesta negativa. Este silencio se podría valorar como una falta de consideración a los ciudadanos que preguntan, que quieren saber, y están en su derecho.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla abusan del silencio. También hay gobiernos autonómicos que utilizan la figura del silencio administrativo y no responden, como Canarias, Cantabria, Galicia y Extremadura.

AUTORIDADES SANITARIAS QUE PRIORIZAN LOS INTERESES ECONÓMICOS

Los gobiernos autonómicos de Castilla la Mancha, País Vasco y la Rioja responden las solicitudes, pero no permiten el acceso a las actas e informes de las inspecciones porque o priorizan los intereses económicos de los operadores de los establecimientos a la transparencia en las actividades del control oficial alimentario, o alegan otros motivos para no mostrar esa información, como que conocer las actas de inspección perjudica las actividades de control.

ARGUMENTOS PARA DENEGAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Algunos de los argumentos que se utilizan para denegar el acceso a la información pública son:

El acceso a las actas puede revelar información sobre el proceder de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo siendo totalmente perjudicial para la finalidad de prevenir y controlar los ilícitos administrativos en materia de seguridad alimentaria, pudiendo obtener patrones de conducta del personal de inspección para su beneficio.

Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo profesional

La información amparada por el secreto profesional incluye los datos cuya difusión sería perjudicial para el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría, la protección de los intereses comerciales de un operador o de cualquier otra persona física o jurídica o la protección de procesos judiciales y de servicios de asesoramiento jurídico.

Con relación a la copia de las actas solicitadas, se comunica que, el acceso a las mismas está limitado por el art. 14.1.g) de la Ley 19/2013 ya que la información contenida en las actas supone un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control

La persona solicitante no tiene la condición de interesado, por lo que no ostentaría el derecho a que se le dé traslado de las actas en los términos solicitados al formar parte éstas de ciertos expedientes en los que no se tiene tal condición

Este tipo de accesos, de generalizarse, puede afectar o interferir negativamente en el grado de colaboración que muestren en el futuro las empresas inspeccionadas, pues serán conscientes de que el contenido generado en el curso de la relación entre la autoridad sanitaria y el operador podría ser objeto de divulgación a terceros

Las actas de inspección tienen un carácter interno y reservado, en la medida que están encaminadas a investigar la existencia de posibles infracciones, pudiendo iniciar un procedimiento sancionador. Se debe garantizar, por parte de la administración que la información reflejada en dichos documentos no trascienda ni sea utilizada más allá de aquel fin para el que se obtuvo.

Divulgar el contenido de las actas de inspección, en las que consten deficiencias detectadas por el personal inspector, afecta a los intereses económicos y comerciales de los titulares de los establecimientos inspeccionados, por el posible daño a su reputación e imagen comercial y la consiguiente pérdida de confianza de sus clientes actuales y potenciales. 

Facilitar la información contenida en las actas supone un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, no existiendo ningún interés público o privado superior que justifique el solicitante para concederlo, máxime cuando la entrega de las actas se pueden ver afectados derechos de los inspeccionados a los que no se les ha solicitado su consentimiento.

No puede sino concluirse que el perjuicio que se causaría a las personas interesadas en los expedientes sería concreto y tangible, de darse acceso al contenido íntegro a un tercero, del que se desconoce por completo qué uso pueda hacer de esa información y con qué propósitos.

RECLAMACIONES ANTE LOS ÓRGANOS DE GARANTIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En España, existen unos órganos de garantía del derecho de acceso, a los que podemos acudir si no nos responden o no estamos conformes con la información que recibimos.

Las autoridades sanitarias de Canarias, Cantabria, Galicia han sido requeridas por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del Estado y la Comisión de Transparencia de Galicia, respectivamente, a facilitar la información pública solicitada.

 Estos órganos de garantía, desde el año 2016, con la Resolución 119/2016 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, primera resolución en este sentido, exigen a las autoridades sanitarias facilitar el acceso a las actas e informes de inspección con los siguientes argumentos:

El deber de confidencialidad en las relaciones contractuales ad intra es distinto del aplicable en materia de derecho de acceso a información pública.

El propio reglamento europeo ya establece un régimen de publicidad activa sobre esta materia, lo cual orilla en buena medida el límite de la confidencialidad que plantea la administración autonómica. 

El uso que el interesado vaya a hacer del mismo, en este caso, según intuye la Conselleria, un uso profesional, sea un motivo para su denegación.

Este Consejo considera que predomina el interés público sobre otros bienes jurídicos, derivado del conocimiento de cuestiones que tienen relación directa con la salud pública. En supuestos como el que nos ocupa existe un régimen de confidencialidad interna administrativa pero que no alcanza ni restringe de modo absoluto el derecho general de acceso a la información

Son interesantes los argumentos expresados en la Resolución 59/2023, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública:

Resultaría cuestionable, tal y como han señalado ya otros órganos de garantía, que merezcan protección intereses económicos y comerciales que se fundamenten en el incumplimiento de prescripciones determinadas por el ordenamiento jurídico.

Los intereses económicos y comerciales que se protegen tienen que ser los legítimos, de tal modo que decae esa legitimidad cuando derivan de los incumplimientos de la normativa higiénico-sanitaria constatados en las inspecciones realizadas por la Administración sanitaria, siendo entonces indiferente, a efectos del acceso a la información pública, el perjuicio económico o comercial que pueda derivarse de la inspección y lo constatado en ella.

No puede obviarse que, si bien la eventual difusión de los resultados de las inspecciones higiénico-sanitarias puede perjudicar los intereses económicos y comerciales de determinados establecimientos incumplidores de la normativa vigente,

Este perjuicio resulta más de la actitud negligente de los establecmientos afectados que de la difusión de la información solicitada.

La posible difusión de la información pedida, además de servir, en su caso, al interés público de la transparencia y al derecho de acceso a la información pública, lo es en aplicación del principio general de transparencia de los controles oficiales, establecido por el artículo 11 del Reglamento CE 2017/625, relativo a los controles y otras actividades oficiales.

Sería también favorable a la salud pública y a los derechos de los consumidores y usuarios, en la medida en que tendrían elementos objetivos para escoger opciones de consumo de servicios de restauración más adecuadas desde el punto de vista de la salud pública, estimulando con ello una mayor diligencia profesional en los bares, comedores y restaurantes en el cumplimiento de esta normativa.

Además, la divulgación de la información solicitada también contribuiría a facilitar el control de la actividad inspectora de la Administración, aspecto que, sin duda, constituye un elemento de interés público.

A requerimiento de estos órganos de garantía, las administraciones que en un principio no aportan la información, la acaban aportando, Aunque resulta curiosa alguna de las consideraciones, como la del gobierno autonómico de la Junta de Castilla – La Mancha, que hace esta advertencia, una vez facilitada las actas de las inspecciones:

La información facilitada tiene carácter meramente informativo, sin que pueda considerarse como “interpretación oficial” de la normativa vigente, ni pueda derivarse de ella efecto jurídico vinculante alguno.

Según la advertencia, de esta autoridad sanitaria:

¿Las actas de inspección no son documentos públicos que pueden tener efectos jurídicos vinculantes?

¿Qué significa que el contenido de un acta de inspección no es una “interpretación oficial” de la normativa vigente?

En fin, parece que hay una falta de cultura en el ejercicio de la transparencia, que habría que mejorar.

Las administraciones públicas que aún tienen un recelo en ser transparentes, tendrían que tener presente el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

En este enlace puedes acceder a las páginas web de las autoridades de seguridad alimentaria de nuestro país.

Puedes suscribirte para recibir los artículos que publico

3 + 2 =