Transparencia alimentaria

“Comí un pedazo y los efectos empezaron a las pocas horas; me encontraba muy mal”, relataba una joven italiana a La Vanguardia el 26 de junio de 2002. Era una de las más de 1.000 personas intoxicadas en el brote de salmonelosis originado en una pastelería de Torroella de Montgrí. La intoxicación por las cocas de la verbena de San Juan. ¿Puede volver a ocurrir en el 2024? Hace 20 años pasó lo que pasó y había inspecciones. En el 2024, en la mayoría de los municipios de Catalunya, no hay inspecciones. ¿Qué pasaría si hubiera una intoxicación masiva ahora que no hay inspecciones de sanidad en este municipio y en la mayoría de los municipios de Catalunya? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Por qué no hay inspecciones? ¿Ya no nos acordamos de las intoxicaciones alimentarias? Esta es la cruda realidad de las inspecciones de sanidad en Catalunya.

Cuesta creer que en una comunidad autónoma los establecimientos minoristas de alimentación: restaurantes, carnicerías, pastelerías, pescaderías, mercados ambulantes… no se inspeccionen. Pasan los años y no se realiza ningún control. ¿Ya hemos olvidado dónde se compraba el aceite que provocó la intoxicación del síndrome tóxico con más de 20.000 afectados y más de 300 muertos? Se compraba en los mercados ambulantes que ahora no se inspeccionan. ¿También hemos olvidado la intoxicación de más de 1.000 personas por consumir una coca elaborada en una pastelería?

¿Por qué no hay inspecciones?

 ¿Porque los alcaldes desconocen que son los responsables del control alimentario en sus municipios?

¿Por una decisión política?

En el año 2009, el Parlamento de Catalunya aprobó por unanimidad, la Ley 18/2009, de Salud Pública. Esta Ley determinó que la competencia de las autorizaciones y el control alimentario de todos los establecimientos de comercio minorista y de restauración era de los ayuntamientos.

 De esta manera, Catalunya, se convirtió en la única comunidad autónoma del Estado que concretó y determinó, por Ley, las competencias de los municipios en los servicios mínimos de Salud Pública en el control de los establecimientos alimentarios:

 La Ley lo dispone así: Los ayuntamientos… …son competentes para prestar los siguientes servicios mínimos en materia de salud pública:

f) La gestión del riesgo para la salud derivado de los productos alimentarios en las actividades del comercio minorista, del servicio y la venta directa de alimentos preparados a los consumidores, como actividad principal o complementaria de un establecimiento, con o sin reparto a domicilio, de la producción de ámbito local y del transporte urbano. Se excluye la actividad de suministro de alimentos preparados para colectividades, para otros establecimientos o para puntos de venta.

Así, que los ayuntamientos son la autoridad sanitaria competente, pero pocos ejercen sus competencias.

¿Por qué los ayuntamientos se desentienden del control de los establecimientos alimentarios de su municipio?

 Falta de personal técnico para hacer las inspecciones y la no utilización del soporte técnico de otras administraciones supramunicipales, que la Ley establece para aquellos entes locales con recursos limitados, son los motivos principales.

 La Ley de Salud Pública de Catalunya permite que, por razones de eficacia y en los casos en que los entes locales no tengan los medios humanos o técnicos idóneos para prestar los servicios mínimos que les atribuye esta ley, puedan encargar la gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia a la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Este encargo de gestión debe formalizarse mediante la suscripción de un convenio entre la Agencia y el ente local correspondiente.

 Parece sencillo, pero, no lo es, ¿por qué no hay ningún convenio en vigencia? Pues, porque la Ley complicó la formalización de estos convenios con la obligatoriedad de un convenio marco, de compromisos generales previo, entre la Agencia y las organizaciones asociativas de entes locales. Al intervenir unas asociaciones privadas se hace más complicado el trámite.

Hace años hubo un convenio marco, pero caducó y nunca más se formalizó un segundo convenio marco. Puede ser que estas asociaciones municipalistas, como la Federación de Municipios de Catalunya y la Asociación Catalana de Municipios tengan otras prioridades. Con nuestros impuestos, los ayuntamientos pagan las cuotas como socios de estas dos asociaciones, pero sin exigir aquello que es necesario, como este convenio marco.

Algunos ayuntamientos, pocos, han buscado soluciones, y son la excepción a la norma de la ausencia de inspecciones de sanidad en los municipios de Catalunya.

Excepciones

 

Para saber que ayuntamientos hacen inspecciones tenemos que preguntar uno a uno a los 947 municipios catalanes, pues nadie más lo sabe.

Algunas ciudades grandes, como Barcelona, que dispone del organismo autónomo Agencia de Salud Pública de Barcelona, sí que realizan controles alimentarios de la restauración y de los establecimientos minoristas.

Las Diputaciones, que se crearon para colaborar y prestar apoyo a los municipios, en su gran mayoría no prestan apoyo. Las Diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona, se ponen de perfil y no prestan la colaboración a la que están obligadas. Solo presta colaboración la Diputación de Barcelona. Los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona pueden solicitar el apoyo de la Diputación para realizar el control de las condiciones higiénicas y sanitarias de los establecimientos alimentarios de competencia municipal (comercio minorista y de restauración).

Los Consejos Comarcales, que también podrían prestar su colaboración, tampoco lo hacen, excepto el Consejo Comarcal de la Garrotxa. En la comarca de la Garrotxa, el Consorcio de Medio Ambiente y Salud Pública (SIGMA) que depende del Consejo Comarcal y del Ayuntamiento de Olot, presta este servicio. También existe el Consorcio Corporación de Salud del Maresme y la Selva, formado por el Servicio Catalán de la Salud, el Ayuntamiento de Calella, el Ayuntamiento de Lloret de Mar y la Fundación Hospital Asilo San Jaime de Blanes, que presta soporte técnico de inspección en algún municipio, como en Calella. Otros ayuntamientos contratan a empresas privadas para realizar estos controles.

La transparencia en el control oficial alimentario

Vamos que hay de todo y es muy difícil conocer cómo se gestiona en cada uno de los 947 municipios de Cataluña. Los datos que envían las comunidades autónomas a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para confeccionar el Informe anual del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en España no incluyen toda la información de la fase minorista de alimentación y desconocemos la cifra exacta de establecimientos minoristas y de restauración en España.

El informe anual se envía a la Comisión Europea de esta manera inexacta. Tendríamos que pedir a nuestras autoridades sanitarias un mínimo de rigor en los datos sobre el control alimentario, ya que estos datos son los que se comparten con los 27 países de la Unión Europea, y deberían dar confianza a los consumidores y al resto de países miembros.

El Valle de Aran

La comarca del Valle de Aran se puede considerar como la autonomía número 18 del Estado, ya que es una autonomía dentro de la comunidad autónoma de Catalunya, con sus competencias exclusivas, como la sanidad y el control alimentario. Pero lo que pasa en el Valle de Aran se queda en el Valle de Aran y los datos del control alimentario no se comparten. Solo se puede acceder solicitando una petición de acceso a la información pública por la Ley de Transparencia. La respuesta que se obtiene al hacer una petición de información pública es sorprendente. El Consejo General del Aran, que es el órgano de gobierno autonómico responde que las competencias del control alimentario minorista son de los ayuntamientos.

¿Qué responden los ayuntamientos? Hice esta pregunta a 2 de los 9 ayuntamientos de este territorio autónomo. A Vielha e Mijaran, la capital, y a Naut Aran, donde están situadas las pistas de esquí de Baqueira – Beret. La respuesta es que el control y la competencia le corresponde al Consejo General del Aran. Vamos, que el gobierno del Aran responde que la competencia es de los ayuntamientos y los ayuntamientos responden que la competencia es del Gobierno del Aran. Unos por otros y la casa sin barrer.

¿Qué opinan inspectores y establecimientos?

 

En el Congreso de la Asociación de Veterinarios e Higienistas de Catalunya (AVHIC) celebrado en el mes de mayo del 2023 se debatió este tema. Una ponente, responsable de gestión de la calidad de una cadena de supermercados explicaba que al no haber inspecciones, baja el interés de los franquiciados en cumplir con los requisitos obligatorios, como los registros de los autocontroles.  —¿Para qué me sirve, si nunca viene un inspector?

Un inspector veterinario de la Generalitat de Catalunya exclamaba:

 —¡Que nos dejen actuar! No nos dejan hacer inspecciones a los minoristas. Antes los carniceros de los pueblos y restauradores me paraban por la calle y me decían que ya tenían solucionadas las deficiencias que había observado en la inspección y ahora cuando me ven me preguntan por qué no vengo nunca de inspección.

¿Quién conoce esta falta de control alimentario?

 

El sector alimentario lo conoce, las administraciones también. Pero parece que los consumidores no. Las asociaciones de consumidores tampoco. ¿La prensa lo conoce? ¿Quién conoce la cruda realidad de las inspecciones de sanidad en Catalunya?

En enero de 2024, Helena Culleré del Diario Segre publicaba esta noticia:

 Los municipios de Lleida, sin inspecciones de Salud a establecimientos que sirven comida. La Conselleria dejó de hacer controles rutinarios a restaurantes antes de la pandemia.

La práctica totalidad de municipios de Lleida se han quedado sin inspecciones sanitarias periódicas a establecimientos que sirven comida como bares, restaurantes, tiendas o supermercados. La causa es que la Agencia de Salud, que asumía este servicio por la falta de recursos de los ayuntamientos, no ha renovado el convenio desde antes de la pandemia.

Por responsabilidad, las administraciones que trabajan por la protección de la salud pública deberían aplicar soluciones a esta falta de control. Si viene una crisis, una desgracia, vendrán las lamentaciones.

Turismo de montaña, turismo de playas, Costa Brava, Costa Dorada, municipios que reciben a miles de turistas como Roses o Platja d’Aro. Capitales de provincia como Lleida i Girona, están sin control alimentario en las cocinas de sus hoteles, restaurantes, mercados, carnicerías…

 En el artículo del 10 de marzo de este blog: Valoración del riesgo y frecuencia de inspección de los restaurantes ya exponía esta realidad. En octubre de 2023 en el artículo ¿Por qué Sanidad no inspecciona todos los restaurantes? también se comentaba esta falta de control.

¿Dónde están las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con alergias e intolerancias alimentarias? Las personas con celiaquía, alergias e intolerancias al gluten, a la lactosa… deberían exigir que las autoridades sanitarias cumplan con su responsabilidad de verificar si en los restaurantes y en los establecimientos de comidas preparadas se siguen las instrucciones para evitar contaminaciones cruzadas y se informa correctamente al consumidor.

La solución

 

Cumplir con la normativa vigente. O se cambia la Ley y en Catalunya desaparece esta anomalía en el control alimentario y el control pasa a la administración autonómica o que las asociaciones de municipios se pongan a trabajar y firmen el convenio previsto en la Ley de Salud Pública.

En las próximas semanas comienza la campaña electoral para las elecciones al Parlamento de Catalunya. Esperemos que la salud pública y el control alimentario en los municipios aparezcan en los programas de los diferentes partidos políticos.

 Y no olvidemos el papel de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que debería demandar a todas las administraciones, a todas, autonómicas y locales, que le faciliten información veraz y completa para elaborar los informes anuales del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria. Así, en el informe anual debería ser público la falta de cumplimiento de la normativa sanitaria por parte de las autoridades sanitarias de una comunidad autónoma del Estado y a lo mejor, estas autoridades sanitarias se pondrían a trabajar en el ejercicio de esta responsabilidad que ahora incumplen.

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